DISCAPACIDAD Y AGENDA DE DESARROLLO POST 2015 EN AMÉRICA LATINA

Objetivos

El 25 de septiembre de 2015 los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Para fortalecer la reflexión y el debate sobre la inclusión real de la discapacidad en la agenda de desarrollo post 2015, La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física publicó en mayo de 2015 una síntesis de las jornadas que organizó en Lima sobre este asunto, desde una perspectiva iberoamericana.

Después de recordar que en América Latina y el Caribe existen alrededor de 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad, el informe “Inclusión de la discapacidad en la agenda de desarrollo post 2015 desde la perspectiva iberoamericana”[1] presenta “los principales factores negativos que afectan al colectivo con discapacidad de América Latina y el Caribe”. Reproducimos a continuación esos factores:

-La recopilación y confiabilidad de los datos sobre discapacidad resulta problemática : la mayoría de los censos consideran la discapacidad de una forma superficial, los estudios específicos no están estandarizados y gran parte de ellos reflejan un enfoque médico que resulta anticuado.

-Se calcula que entre el 2% y el 3% de las personas con discapacidad pueden obtener alguna clase de atención especializada para mejorar su situación. Debido, principalmente, a la situación socio-política existente en los países de la zona, esta atención no tiene normalmente carácter público, sino que se da a través de las organizaciones de carácter privado que las representan, o bien a través de instituciones privadas de tipo asistencial.

-La población infantil con discapacidad representa aproximadamente un 25% de la población con discapacidad en América Latina y el Caribe. De ese porcentaje, sólo entre el 20 y el 30% de los/as niños/as con discapacidad asisten regularmente a la escuela, por motivos como la falta de accesibilidad y la escasa preparación especializada del personal docente.

-Existe una múltiple discriminación hacia la mujer con discapacidad que se enfrenta a graves dificultades tanto en la esfera pública como en la privada, e incluso dentro de las mismas entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad. A causa de esta múltiple discriminación las mujeres y las niñas con discapacidad están más expuesta a la violencia por motivos de género, abusos sexuales, abandono, malos tratos y explotación, y sufren fuertes desventajas en el acceso a una vivienda adecuada, así como a los servicios de salud, educación, formación profesional y empleo. Este contexto conlleva graves consecuencias: las mujeres con discapacidad se encuentran en condición de profunda vulnerabilidad, viviendo a menudo en situación de pobreza y extrema pobreza, con bajos niveles de autoestima y graves problemáticas de salud física u psicológica.

-Existe un alto nivel de desempleo y escasa formación profesional del colectivo, careciendo de oportunidades de integración laboral y social. Según el informe IDRM (International Disability Rights Monitor) de 2004, alrededor del 70% de las personas con discapacidad de la región están desempleadas o excluidas del mercado laboral y los que cuentan con un empleo a menudo reciben tratos de discriminación salarial y ningún beneficio legal. La mayoría de las personas con discapacidad se ocupan en la economía informal.

-La mayoría de los países cuenta con una legislación que reconoce y regula la accesibilidad arquitectónica, urbanística, del transporte, la información y las comunicaciones, como requisito esencial de todo tipo de intervención, pero en la realidad aún queda mucho por hacer para eliminar las múltiples barreras que siguen existiendo y que son un factor determinante de la exclusión social.

-Existe una fragmentación y debilidad estructural de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad. La falta de atención publica de las necesidades especiales derivadas de la discapacidad, motiva la existencia de multitud de entidades privadas que intentan cubrir esa carencia y lo hacen generalmente de forma fragmentaria y con medios muy precarios. Predominan las entidades de tipo benéfico, que consideran a las personas con discapacidad como objeto de atención caritativa y no como titulares de derechos.

Esta publicación presenta luego el tratamiento del asunto de la discapacidad en el ámbito de las Naciones Unidas, desde la aprobación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2006 hasta la incorporación de las disposiciones de esa misma convención en la agenda de desarrollo post 2015 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los debates alrededor de esa inclusión real de la discapacidad en la agenda de desarrollo post 2015 fueron protagonizados por representantes de las Naciones Unidas, de varios gobiernos de la región, y de entidades de personas con discapacidad.

Dentro de las conclusiones formuladas en estas jornadas, se insistió entre otras cosas sobre la necesidad de que el “accionar del Estado debe ir de la mano de una asignación de presupuestos públicos que permitan una efectiva aplicación de las políticas públicas en discapacidad”, y que “es fundamental que los Estados promuevan la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el monitoreo e implementación de la nueva agenda de desarrollo”[2].

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[1] Hugo León Ibáñez, Ivana De Stefani, Juan Alejandro Solórzano Arévalo, “Inclusión de la discapacidad en la agenda de desarrollo post 2015 desde la perspectiva iberoamericana”, Mayo de 2015.

[2] Idem p.45.