EL APOYO A LA DEMANDA DE SERVICIOS A LA PERSONA Y A LA FAMILIA (Alessandro Venturi)

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Sobre la base de un análisis atento de los factores claves que caracterizan la actual coyuntura económica, se pretende aquí abordar la cuestión fundamental sobre la falta de inversión en natalidad en el mundo occidental y sus consecuencias en nuestro modelo de desarrollo, en particular en nuestros sistemas de bienestar social, con el objetivo de proponer disposiciones capaces de salvaguardar los elementos que caracterizan los sistemas europeos: la universalidad, el respeto por el ser humano, la igualdad de tratamiento en términos de niveles esenciales de asistencia, de cantidad y calidad del servicio[1]. La importancia de este excursus es central porque también los países que hoy presentan tasas de natalidad más elevadas, deben ser conscientes de que el equilibrio de sus sistemas de protección social se basa en un supuesto demográfico que – a medio y largo plazo – podría cambiar, influyendo así en la sostenibilidad futura del propio welfare.

 Las experiencias europeas desde una perspectiva comparada

Para que la coparticipación del destinatario de la política sea real y eficaz, es decir para que se convierta en protagonista en lugar de usuario pasivo, es necesario prever: una multitud de sujetos proveedores que se diferencien por naturaleza jurídica, capacidad de erogación y con una fuerte impronta de valores capaces de tutelar la libertad de elección de las personas; un sistema de acreditación capaz de garantizar los niveles de prestaciones y calidad de los servicios; un sistema de evaluación del desempeño y de publicidad de las evaluaciones para superar las asimetrías informativas y crear dinámicas reales de competencia; herramientas de salvaguardia del poder adquisitivo, concebidos de forma racional para ampliar el acceso a las prestaciones para las personas que no podrían remunerar y hacer que la red de suministro sea económicamente sostenible pero correctamente dimensionada. En algunos países europeos como el Reino Unido, Francia y Bélgica, desde hace ya muchos años se ha invertido el paradigma tradicional de las políticas de bienestar a través de modalidades innovadoras e inmediatamente transferibles incluso en nuestro contexto. Los puntos más interesantes de tales experiencias consisten en la cofinanciación de privados y empresas, así como en el crédito fiscal para personas y empresas que se adhieran al servicio.

Las partes sociales son libres de utilizar dichas herramientas en el marco de la negociación global sobre salario y flexibilidad laboral.

A)El Titre Service en Bélgica

El Titre Service belga, introducido en el 2001 (Gilain y Nyssens 2001), entró en vigor en el 2004 bajo la iniciativa del Gobierno Federal para favorecer in primis la creación de puestos de trabajo debido al trabajo ilegal que caracteriza fuertemente al sector de los servicios (Laville y Nyssens 2006), específicamente las actividades de cuidado del hogar y, en segundo lugar, para facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral (ConteryZachary 2002, Defourny et al. 2008). Dentro de las finalidades del Real Decreto, se destacan: el incremento de la erogación de servicios de apoyo, la accesibilidad y el control de los costes, el empleo, la reducción de las desigualdades de género en el mercado laboral y la promoción del desarrollo local. Esta disposición se basa en la interrelación de cinco partes: la sociedad que otorga los Titres Service, los usuarios, los empleadores, los trabajadores y el Estado Federal que cofinancia el programa (Barbier 2006). Por empleadores se entiende las empresas que mediante acreditación entran en el programa y emplean a los trabajadores que prestan los antedichos servicios: se determina una relación de trabajo tripartita que, por lo tanto, puede agregarse a las formas de contratación temporal. En la práctica, cada ciudadano belga puede comprar Titres Services, disponibles tanto en formato electrónico como en papel, hasta un máximo de 750 bonos; el coste unitario asciende a 7,50 euros y puede gastarse durante los ocho meses siguientes; el 30 por ciento del coste de estos títulos puede deducirse de la base imponible fiscal. Al final de la prestación, cuando el trabajador entrega a la empresa que lo emplea, el bono recibido por el usuario, recibe en realidad la cantidad de 20 euros, puesto que el Estado paga un subsidio de 13 euros por cada bono. Una peculiaridad está representada por el hecho de que esté prevista la erogación gratuita de hasta 105 bonos a las trabajadoras que reanudan las actividades laborales después de la maternidad; la ratio de tal intervención es evidentemente la de apoyar a las mujeres en un momento en donde es especialmente alto el riesgo que ellas salgan del mercado laboral (Peeters, Van Pelt y Sanders 2007).

 

B)El Chèque emploi service universel en Francia

Francia cuenta con una larga tradición en el ámbito de los servicios de proximidad (Laville y Nyssens 2006), y en verdad desde la segunda mitad de los años Noventa, los servicios para las actividades domésticas y de cuidado de la persona (Shapiro, 2005) (emplois familiaux) se han considerado un elemento estratégico y esencial no sólo para generar nuevo empleo sino también para promover la cohesión social. El desarrollo de los servicios de proximidad favorece la inserción laboral de personas con escasa cualificación y favorece al mismo tiempo una ayuda a las personas para las actividades domésticas y las tareas de cuidado de menores y ancianos no autosuficientes. Por lo tanto, desde el primer momento, el Estado ha favorecido y fomentado el uso de dichas figuras a través de procedimientos administrativos simplificados y significativas desgravaciones fiscales. Con la ley Borloo del 26 de julio de 2005, n. 841, el Gobierno francés ha desarrollado aún más el ámbito de intervención ampliándolo a todos los servicios a la persona (Services à la personne).

Por lo tanto, a partir del 2006, se introdujo el CESU, Chèque emploi service universel, que ha agrupado en un único programa todas las herramientas utilizadas anteriormente para asistir a las personas no autónomas. El propósito explícito de dicha herramienta ha sido el de desarrollar un sistema eficiente de servicios a la persona que formen parte, a su vez, de una serie de medidas que promuevan la cohesión social. En la práctica, los servicios puestos a disposición por este programa incluyen una gama mucho más amplia de la prevista en Bélgica y prevén la asistencia a ancianos, discapacitados y personas en estado de dependencia, el cuidado de los niños, tanto en ambiente doméstico y no, pequeños trabajos domésticos entendidos en el sentido más amplio (por ejemplo, en esta partida se incluye también la asistencia en las gestiones administrativas que tienen que ver con la gestión doméstica). El total de los empleados en el sector de servicios a la persona fueron, en 2011, más de dos millones prestando servicios a más de cuatro millones de familias.

La introducción de CESU en Francia forma parte de un programa más amplio que ha previsto, entre otras cosas, la creación de una agencia nacional para los servicios a la persona, la ANSP, encargada de coordinar e incentivar los esfuerzos para desarrollar el sector de los servicios y un sólido plan de financiaciones para las enseignes, agencias nacionales con la tarea de proporcionar y simplificar el acceso a los servicios en todo el territorio nacional y garantizar un estándar determinado. A diferencia del caso belga en donde los bonos constituyen únicamente un título de pago, en Francia el CESU puede ser un cheque Cesu Bancaire, o un título pre-financiado Cesu Préfinancé. El primero funciona como un verdadero cheque, cuyo importe puede ser por lo tanto variable y está constituido por dos partes: la primera sirve para remunerar al trabajador, mientras que la segunda permite señalar al trabajador al Centre National du Chèque Emploi Service Universel de forma que el empleador esté informado de la cantidad de las relativas cotizaciones de seguro social y cotizaciones a pagar. Al contrario, el segundo tipo de bono tiene un valor predefinido y es financiado total o parcialmente por los empleadores. La ventaja de utilizar este tipo de herramientas para la remuneración de las prestaciones de los trabajadores se sustancia en un consistente crédito tributario, 50 por ciento mínimo, del que se beneficia.

 

C)El Childcare Voucher en el Reino Unido

El Gobierno inglés, desde siempre atento al mejoramiento de las condiciones de vida de los niños como fuente de ventajas directas e indirectas, tanto inmediatamente como a largo plazo, ha implementado una serie de programas que, a partir de 1998, aumentaron la calidad y la accesibilidad a la asistencia de los niños, tanto mediante el aumento del número de proveedores como poniendo a disposición la información esencial según la tradición anglosajona de la regulation by information. A partir del 2003, crece en la experiencia inglesa la idea de involucrar al empleador en la asistencia de los menores. El Gobierno incentiva fiscalmente a la empresa que asigna un bono para el cuidado de los niños al trabajador (Viitanen 2005). En último lugar, con el programa Choice for Parents, the best start for children: a ten-year strategy forchildcare se han diferenciado las actuaciones en favor de la infancia a través del otorgamiento de bonos para la asistencia de los niños, contratos para la asistencia a los niños estipulados directamente por el empleador, es decir, los jardines infantiles empresariales.

El Childcare voucher comparte muchas similitudes con el CESU francés puesto que los empleadores pueden transferir, a través de esta herramienta, cantidades de dinero destinadas a la compra de servicios de cuidado para los niños en estructuras privadas que sean sin embargo acreditadas por la autoridad pública. Los servicios de los que es posible beneficiarse son: servicios de niñeras, inscripción en los jardines infantiles y cursos pre-escolares, hasta la participación en colonias/vacaciones. Este tipo de transferencias realizadas por la empresa es totalmente libre de impuestos y sin cotizaciones, si no se superan las 55 libras. La elección a disposición del empleador se concreta en poder considerar o no dichos bonos como una integración del salario: en el primer caso, el empleado aprovecha también un ahorro fiscal anual puesto que el bono es libre de impuestos. En el segundo caso, y considerando por lo tanto los bonos una adición, es el empleador que sostiene totalmente los costes. Además, la autoridad pública inglesa, al cofinanciar una parte, en lugar del programa entero, a nivel de cada empresa, deja libres a los empleadores y los trabajadores acerca de la determinación de la carga a asignar a cada una de las partes involucradas.

 

Algunas consideraciones finales

Lo que une las actuaciones mencionadas es sobre todo una lógica atribuible a intervenciones de carácter sistémico que ven la participación de todos los actores: entidades públicas, instituciones, empresas y personas. En verdad, ello ha favorecido la presencia de una red eficiente de servicios en el territorio que pueden razonablemente satisfacer las solicitudes que se presentan. Los programas descritos han mostrado su  eficacia en la promoción de la oferta transparente de servicios, creando un verdadero «casi mercado», que deja emerger también actividades típicamente características. La inversión en los títulos por parte de los privados y las empresas aumenta los recursos a disposición para la compra de servicios y el usuario se responsabiliza en el uso del título, y por lo tanto compra preferentemente los servicios que necesita efectivamente. Desde el punto de vista de las modalidades de otorgamiento, las experiencias mencionadas son paradigmáticas de soluciones que, a partir de una simple cantidad de dinero transferida a la cuenta corriente de la familia beneficiaria, se evoluciona hacia sistemas de bonos en papel y bonos digitales, administrados por una plataforma web, más eficiente. La experiencia más significativa de las Tarjetas de Crédito sociales es sin duda la experiencia estadounidense del SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) basada sobre las debit cards electrónicas con PIN personal, en la que se acredita mensualmente una cantidad válida para comprar productos específicos en centros autorizados. En Gran Bretaña se ha puesto en marcha una experimentación para ayudas mediante tarjetas prepagas para actividades culturales y deportivas. En Francia cinco Regiones financian una Tarjeta electrónica para las compras de los libros escolares y el acceso a las herramientas culturales y deportivas del territorio. En última instancia, otro elemento que caracteriza el uso de los bonos en los tres contextos anteriormente mencionados, consiste en el hecho de que la concepción, la implementación y el apoyo de las herramientas, hayan tenido carácter programático y sistémico, favoreciendo el nacimiento de un conjunto de organismos y figuras específicas de apoyo, funcionales a la consolidación de los procedimientos y de la puesta en régimen de las actuaciones. Todo ello resulta, en una perspectiva a largo plazo, destinada a garantizar que cada intervención no sea una iniciativa aislada y esporádica, sino una verdadera policy que se convierta en una práctica.

[1]El siguiente artículo ha sido extraído de Venturi A., Cerlini S. (2015), Il sostegno alla domanda di servizi alla persona e alla famiglia, in Maino e Ferrera (eds.) SecondoRapportosulSecondo Welfare en Italia, Centro Einaudi 2015, descargable en la dirección:http://secondowelfare.it/rapporti/2r2w/capitolo-5.html


Alessandro Venturi es Profesor de derecho administrativo y derecho de las entidades locales en la Universidad de Pavia, abogado y estudiante de doctorado en derecho público. Ha sido investigador universitario en derecho público comparado en la misma universidad. Autor de distintas publicaciones científicas en materia de derecho público general, derecho administrativo y derecho público comparado, relacionados – éstos últimos – sobre todo al tema de los servicios de pública utilidad para la persona y la comunidad. En calidad de experto asesor gubernamental – tanto a nivel regional como nacional – ha participado y participa en las fases de formulación e implementación de políticas públicas, especialmente sociales.