LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN ITALIA: ENTREVISTA A FRANCA BIONDELLI, SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y POLITICAS SOCIALES DE ITALIA

Entrevistamos a Franca Biondelli en ocasión de una visita del Consejo Nacional de Infancia de Chile en Italia, organizada por EUROsociAL, para conocer el sistema de protección de los derechos de la infancia y adolescencia.

¿Cuáles son los principales instrumentos de la administración italiana para cumplir con las exigencias de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño?

El Observatorio Nacional de la Niñez y la Adolescencia, creado por la Ley n. 451/1997, es el principal instrumento de coordinación y promoción de las políticas de infancia y adolescencia en la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. Este Organismo, también regulado por el Decreto Presidencial 103/2007, prevé desde entonces una presidencia conjunta del Ministro de Trabajo y Política Social y del Ministro adjunto a las políticas familiares.

El Observatorio es un órgano de consulta y participación de todos los actores que trabajan en el campo de las políticas de infancia y adolescencia (ministerios, regiones, provincias y municipios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, colegios profesionales, sindicatos, expertos y mundo de las asociaciones).

Para ello, el Observatorio es consultado por la Comisión Bicameral para la Infancia y por el Gobierno sobre cuestiones relativas a los derechos de los niños y adolescentes, colabora con la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y desarrolla las siguientes tareas:

– Elaborar el Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que dura dos años y es el documento fundamental para la programación de las políticas de infancia y adolescencia en Italia;

– Preparar el informe bienal sobre la situación de la infancia en Italia y sobre la aplicación de los relativos derechos;

– Preparar, en colaboración con el Comité Interministerial de Derechos Humanos, el esquema del informe del Gobierno a las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Convención en Italia.

El Observatorio se compone de 50 miembros, en representación de las administraciones competentes sobre políticas para la infancia, a nivel central, regional y local, del Instituto de Estadística (Istat), de los interlocutores sociales, de las instituciones y órganos de los más relevantes sectores, así como de 8 asociaciones y 8 expertos nombrados por los Presidentes.

Están presentes también algunas asociaciones/ONG que representan el tercer sector identificadas por el Ministro en colaboración con la presidencia del Consejo de Ministros, así como algunos expertos de renombre. Finalmente, con el objetivo de garantizar formas de colaboración, sinergia y apoyo entre el Observatorio y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, un invitado permanente ha sido designado para participar en los trabajos en representación de la Defensoría.

El Observatorio actualmente vigente se estableció el 17 de junio 2014 y tiene una duración de dos años; está empeñado en la conclusión del Plan de Acción, que tiene como objetivo delinear las acciones y prioridades del Gobierno en materia de políticas para la infancia y la adolescencia.

El Centro Nacional de Documentación y Análisis de la Niñez y Adolescencia es el organismo del cual se sirve el Observatorio Nacional de la Niñez y la Adolescencia para llevar a cabo sus funciones. El Centro Nacional apoya el Ministerio de Trabajo y Política Social con la información, promoción, asesoramiento, seguimiento y apoyo técnico para la realización de los propósitos de la ley y tiene la responsabilidad a nivel técnico y organizativo para la realización de la Conferencia Nacional sobre la infancia y la adolescencia programada cada tres años.

El Centro Nacional tiene como objetivos el apoyo y la promoción de la información, el conocimiento, la innovación y la aplicación de políticas para los ciudadanos más jóvenes a través de actividades de documentación, análisis, investigación y monitoreo.

El Centro mantiene relaciones de cooperación, de estudio y de investigación con: Regiones y Provincias, Instituto de Estadística, administraciones públicas y organismos responsables de la infancia, instituciones y asociaciones para la protección y desarrollo de la infancia, los organismos europeos e internacionales, en particular, el Centro de Estudios e Investigaciones para el cuidado de los niños UNICEF Office of Research.

La gestión de las actividades relacionadas con el desempeño de las funciones del Centro está asignadapor el Ministerio de Trabajo y Política Social y el Departamento de Política Familiar de la Presidencia del Consejo de Ministros, en relación convencional, al Istituto degli Innocenti.

La Comisión Parlamentaria de la Niñez y la Adolescencia, que también fue establecida por la Ley 451/1997, tiene el deber de guiar y controlar la aplicación concreta de los acuerdos internacionales y la legislación relativas a los derechos y el desarrollo de niños y adolescentes.

Se compone de veinte senadores y veinte diputados designados respectivamente por el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados, en proporción al número de miembros de los grupos parlamentarios, lo que garantiza la presencia de un representante de cada grupo, y elige a un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios.

La ley 451/1997 define, en detalle, las funciones de la Comisión.

El Defensor nacional infanciase creó la ley n.112/2011. Se trata de una institución independiente sobre los derechos humanos de los niños y adolescentes, con recursos humanos y financieros adecuados, según lo recomendado por el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, capaz de trabajar con eficacia a la aplicación de los derechos de los niños y adolescentes.

El Fondo Nacional para la Niñez y la Adolescenciatiene por objeto la aplicación de medidas en los planes nacional, regional y local para promover los derechos, la calidad de vida, el desarrollo, el logro individual y la socialización de la infancia y la adolescencia.

 

 

¿Qué opina del grado de desarrollo del sistema de protección infantil en Italia? ¿Cuáles son sus principales logros y que retos le quedan aún por afrontar?

El sistema de prevención y protección infantil en Italia está caracterizado por unos elementos de fuerte estabilidad, que sirven de garantía para los sujetos destinatarios de las intervenciones y de las propias instituciones —titulares de las funciones de tutela y protección— pero también por elementos de flexibilidad e innovación que responden eficazmente a los cambios socio-demográficos de las familias y a los diferentes contextos de cada una de las vidas de los niños y adolescentes.

Tales aspectos han sido tenidos en cuenta durante la elaboración del Plan de Acción Infantil, por parte de los grupos de trabajo del Observatorio, y a la hora de identificar las prioridades programáticas derivadas de dicho plan.

En particular, los retos más importantes a los que Italia aún se tiene que enfrentar se pueden resumir en cuatro áreas temáticas:

–          «Líneas de acción contra la pobreza infantil y sus familias»

–          «Servicios socio-educativos para las guarderías y calidad del sistema escolar»

–          «Estrategias e intervenciones para la integración social»

–          «Apoyo a la parentalidad, sistema integrado de servicios y sistema de acogida»

 

Con respecto a la primera prioridad, el Observatorio ha trabajado en estrecha coordinación con el equipo de redacción del Plan Nacional para la Pobreza. Con tal fin, además del objetivo de «combatir la pobreza absoluta de los menores de edad —garantizar condiciones de vida adecuadas gracias a la combinación de prestaciones a partir de las familias con hijos menores de edad» —de entre las cuales el mayor énfasis viene dado por la introducción de una medida de apoyo de carácter universal, con validez en territorio nacional, de lucha contra la pobreza absoluta a partir de las familias con hijos menores de edad, destinada a garantizar también condiciones adecuadas de alojamientoel grupo de trabajo se ha centrado en investigar la conexión entre pobreza material y pobreza educativa, llevando a cabo una serie de acciones para reforzar la influencia del sistema educativo en la lucha contra la exclusión social, a través de la participación de todos los menores en actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales. No menos importante es la reflexión sobre la mejora de la capacidad de respuesta del sistema sanitario a la hora de responder a las exigencias de menores desfavorecidos.

En cuanto a la segunda prioridad, objetivos principales, a implementar a través de acciones específicas, son tanto la lucha y la reducción del abandono escolar —con el fin de garantizar a los alumnos y estudiantes de las escuelas de todos los niveles el alcance del éxito formativo— como el refuerzo del sistema de servicios educativos para las guarderías y la escuela infantil; particular atención al tema de la calidad de los servicios y de la formación de los profesores/educadores.

La tercera prioridad, aun poniéndose en lógica armonía con la prioridad anteriormente mencionada, lleva a cabo las acciones de atención específica a niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, ya sea por la condición de llevar poco en territorio italiano, por razones específicas derivadas de la organización social de su propio colectivo, o por la necesidad de requerir de apoyos especiales para garantizar un correcto proceso de aprendizaje. Para todos estos niños y adolescentes con necesidades especiales están previstas acciones detalladas, ideadas con el objetivo común de crear una escuela —y una sociedad— inclusiva y atenta ante las necesidades de cada uno.

La última prioridad describe una serie de objetivos y acciones para la promoción y protección del derecho de cada niño a vivir en su misma familia, combinando la garantía de tal derecho para todos los miembros —impidiendo el malestar y el alejamiento familiar con intervenciones de apoyo precoz a padres con dificultad— con la exigencia de una sólida protección del interés superior del niño —a través de medidas de alejamiento temporal—, siempre desde la óptica de una atención adecuada a la idoneidad del instrumento escogido.

Entre los resultados más significativos y de mayor eficacia para el refuerzo del sistema de protección infantil en Italia, considero oportuno destacar los dos principales proyectos de convergencia nacidos en el seno de la mesa de coordinación 285: el programa P.I.P.P.I. y el proyecto inclusión RSC.

En 2011, el Ministerio de Trabajo y Política Social propuso el Programa de Intervención para la Prevención de la Institucionalización (P.I.P.P.I.), en el ámbito de las acciones de apoyo a la parentalidad frágil.

El P.I.P.P.I. es un programa de investigación, formación e implementación dirigido a familias vulnerables, concebido para prevenir la negligencia en el entorno del menor. Se articula en cuatro fases integradas entre sí:

La primera fase es una pre-evaluación donde los asistentes sociales, junto a las familias vulnerables, completan un cuestionario de descripción del ambiente familiar, de su organización interna y del desarrollo del menor, con el fin de establecer el nivel de intervención y de apoyo necesarios para prevenir el alejamiento del menor.

Las familias con hijos en riesgo de «negligencia» son, por tanto, invitadas a participar en el programa P.I.P.P.I.; las otras continúan con el apoyo social ordinario.

Le sigue una segunda fase de evaluación o programación, en la cual se constituye un equipo multidisciplinario, compuesto por profesionales que están en contacto constante con la familia —profesores, asistentes sociales, trabajadores sanitarios, psicólogos y otros colaboradores voluntarios— junto con la propia familia y sus hijos. A cada familia se le asigna un equipo responsable.

La tercera fase se centra en el desarrollo del programa.

Comprende cuatro tipologías principales de actividad e intervenciones:

– Intervenciones de asistencia a domicilio: los educadores visitan cada semana a las familias para apoyar a los padres, reforzar las relaciones padres-hijos y fomentar cambios en los comportamientos.

– Participación de los padres en grupos: encuentros semanales/quincenales para el desarrollo de actividades como música, juegos, etc.

– Colaboración entre colegios/familias y servicios sociales: para reforzar la implicación de la escuela, se firma un acuerdo regional entre las escuelas participantes, con la perspectiva de integrar el P.I.P.P.I dentro del resto de medidas de apoyo escolar.

– Ayudantes voluntarios: voluntarios locales —por ejemplo, amigos de la familia— ofrecen ayuda/apoyo concreto.

Cada familia participa en el programa por un período máximo de 18 meses.

La cuarta fase es de evaluación ex-post. El objetivo es decidir si la familia deberá continuar participando en el programa P.I.P.P.I. o si ingresará en el servicio ordinario de asistencia social.

La Universidad de Padua ha elaborado además un instrumento compartido de evaluación y asistencia on-line: RPMonline (Rilevazione, Progettazione e Monitoraggio).

Actualmente, los resultados extraídos del RPMonline, en términos de reducción del número de niños separados de su propia familia, muestran un dato positivo en el 60% de los casos; y un dato parcialmente positivo en un 19,5 %. Se observa también una mejora en la capacidad de los padres de ocuparse de las exigencias y el desarrollo de sus hijos.

En definitiva, emerge claramente que todas las familias participantes en el programa P.I.P.P.I. muestran mejores resultados frente a aquellas no participantes en el programa.

El proyecto «Inclusión RSC», promovido por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, se ha desarrollado en colaboración con el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación. Es un proyecto para la inclusión de los niños y adolescentes de las etnias romaní, sinti y de las comunidades itinerantes,desarrollado en colaboración con el Istituto degli Innocenti de Florencia, que se sitúa dentro de un marco institucionalmente compartido, formado por la «Estrategia nacional de inclusión de las etnias romaní, sinti y comunidades itinerantes2012-2020», el «Tercer plano Bienal Nacional de acciones e intervenciones para la protección de los derechos y el desarrollo de los sujetos en edad de evolución» y la «Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño». Tiene como finalidad favorecer procesos de inclusión de niños y adolescentes RSC, promover la diseminación de buenas prácticas de trabajo y de aprendizaje, así como construir una red de colaboración entre las ciudades adheridas al proyecto.

Se ocupa de dos ámbitos principales en la vida de los niños y los adolescentes de las etnias romaní, sinti y comunidades itinerantes: la escuela y el contexto donde viven (el frecuentemente llamado «campo»).

¿Qué recomendaciones darías a países como Chile, donde está en curso un proceso de reforma cuyo objetivo es dotarse de instrumentos destinados a garantizar la universalización del respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes?

El Plan de Acción para la Infancia y la Adolescencia, el documento fundamental para la programación de las políticas para la infancia y la adolescencia en Italia, tiene —como ya se ha recordado— duración bienal; dicho límite temporal resulta demasiado breve para una eficaz monitorización de la efectividad de las acciones y para una verificación del impacto de las medidas sobre el territorio nacional.

En este sentido, la predisposición de un Plan de Acción de duración quinquenal garantizaría una mayor eficacia e idoneidad de las acciones, además de permitir una evaluación continua precisa sobre las intervenciones, con el fin de monitorizar resultados y criticidades.

De vital importancia resulta la implicación de los stakeholders y representantes de las instituciones en cada fase de elaboración de políticas de protección y promoción de la infancia y la adolescencia. Tal compromiso garantiza la eficacia y la idoneidad, incluso política, de los instrumentos predispuestos y favorece una clara asunción de responsabilidad por parte de las instituciones, respecto a las políticas a emplear y las acciones que llevar a cabo.

Los procesos de toma de decisiones deberán ser sencillos y ampliamente compartidos; los instrumentos operativos deberán tener una naturaleza sostenible, también desde el punto de vista de los recursos financieros. Las decisiones a adoptar deberán ser concretas, la descripción sintética y respetuosa con el papel de las instituciones participantes en su implementación.

En resumen, la importancia estratégica recubre la fase de monitorización y control participativo, ya sea en fase de elaboración de los instrumentos como en una fase continua o ex-post.

Una monitorización y una evaluación efectiva de los resultados fijados y de los conseguidos permite identificar posibles problemas y, al mismo tiempo, evaluar oportunidades de intervención eficaces y eficientes respecto a las políticas de protección y promoción de los niños y los adolescentes.

Diputada, integrante del Partido Democrático, desde febrero de 2014 Franca Biondelli es Subsecretaria de Estado del Ministerio del Trabajo y de las Políticas Sociales