LA COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES (Fabián Repetto)

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Las políticas sociales no tienen un alcance unívoco en ningún lugar del mundo, los países de Europa y América Latina incluidos. Lo que cada Estado nacional (y también en niveles subnacionales y locales de gobierno) define como política social depende de trayectorias históricas en términos de vínculos con los fuerzas sociales, el sistema productivo y las dinámicas ideológicas. Más allá de esta eventual heterogeneidad, a medida que los problemas sociales se tornan complejos y multicausales por los cambios demográficos, laborales y culturales que experimentan las sociedades, surge una necesidad común: la de coordinar estrategias, recursos de poder y prácticas operativas para afrontar muchos de los retos que emergen de la “cuestión social”.

Temas cruciales en lo social, como la pobreza, la exclusión, la vulnerabilidad y la desigualdad, aún con expresiones y magnitudes diferentes en ambas regiones (y dentro de ellas), son problemas fundamentales que requieren intervenciones integrales de las acciones públicas. Más complejo aún cuando estas cuestiones resultan interpeladas en términos de poblaciones específicas, como podría ser el caso, sólo a modo ilustrativo, primera infancia, jóvenes, mujeres o pueblos originarios.

La coordinación, por ende, constituye un desafío fundamental de la gestión pública contemporánea en tanto camino a lograr dichos abordajes integrales, sea de todas las políticas sociales o de componentes fundamentales de la misma, por ejemplo en lo que constituiría un sistema de protección social. La integralidad en materia de políticas sociales responde a la aspiración de que prestaciones y servicios estén centradas en las necesidades y derechos vulnerados de personas, familias, comunidades o territorios. En ese sentido, procura darle a las intervenciones públicas una mayor coherencia e impacto, a través de la convergencia de las mismas, privilegiando la perspectiva del receptor (sea éste el individuo, la familia, un colectivo social determinado o el territorio).

La función de coordinación remite a la relación entre actores que requieren hacer confluir y articular recursos de poder, dada su interdependencia, a efectos de atender problemas complejos, en una división pero también complementariedad de tareas y responsabilidades propias de una dirección estratégica común. Por lo general, implica un proceso entre organizaciones especializadas con escasos incentivos de trabajar articuladamente con otras organizaciones (estatales o no estatales, pero también especializadas), para las cuales la coordinación es vista como una amenaza en la medida, en que avanzar en ella supone compartir metas, procesos y recursos.

Lo anterior llama la atención, a su vez, sobre la necesidad de hacer confluir marcos normativos, decisiones políticas e instrumentos técnicos para que la coordinación sea realmente efectiva. Por ello, cualquier esfuerzo orientado a promover una mayor coordinación debe tener claridad sobre qué y cuándo se debe coordinar. En esta línea, resulta imperioso reflexionar sobre cuáles son algunos de los recursos objeto de coordinación, por ejemplo información, organización, presupuesto y/o autoridad. Asimismo, se requiere identificar cuáles son los momentos de la política social en los cuales se requiere reforzar los mecanismos de coordinación. Por lo tanto, es relevante determinar si se va a promover la coordinación para: a) definir y caracterizar el problema; b) priorizar y decidir entre alternativas posibles; c) planificar las rutas críticas de la intervención, asegurando el presupuesto requerido; d) implementar el curso de acción decidido; y/o e) monitorear y evaluar la intervención, de modo tal de mejorar el desempeño de la misma.

Europa y América Latina hace mucho tiempo que vienen llevando adelante esfuerzos de coordinación de sus políticas sociales, con amplio camino recorrido en términos de coordinar hacia la integración regional en el caso europeo, más centrado fronteras adentro de sus Estados nacionales en el caso latinoamericano. Esto no implica, por supuesto, que esta última región no esté dando pasos para integraciones al menos de carácter sub-regional, ni que el caso europeo no registre experiencias muy interesantes de coordinación al interior de sus países.

El presente número de Recíprocamente se propone, en el marco del objetivo de diálogo bi-regional que lo ha caracterizado desde sus inicios, recorrer experiencias concretas de coordinación tanto en Europa como en América Latina, aprendiendo de los casos exitosos pero sin dejar de lado aquellos esfuerzos que no han logrado los propósitos previstos, o que están aún en ese proceso de búsqueda.

Fabián Repetto es Director del Programa de Protección Social de CIPPEC, Doctor de Investigación en Ciencias Sociales (FLACSO, sede México) y Experto en diseños institucionales de las políticas públicas y en programas y sistemas de protección social.