LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS COMO UN INSTRUMENTO PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LATINOAMÉRICA (María Covadonga Fentanes)

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La promulgación en el año 2006 por la Asamblea de la ONU de la “Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad” que tiene como objeto promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos por las personas con discapacidad, y es considerada el Primer tratado de Derechos humanos del Siglo XXI, constituye un hecho Histórico cuya transcendencia en la región Latinoamericana aún no ha sido totalmente dimensionada.

Surgida de intensos y profundos debates sostenidos entre las personas con discapacidad, sus organizaciones, expertos en el tema y representantes de   los Gobiernos integrantes de la Organización de Naciones Unidas, supone un cambio radical en la conceptualización de la discapacidad, que a partir de este momento, abandona definitivamente la visión médica para centrarse en el enfoque de Derechos con una dimensión de desarrollo social

Hasta ese momento, a pesar de los ingentes esfuerzos realizados desde las organizaciones de personas con discapacidad y   organismos internacionales como la OEA y la misma ONU, el tránsito de la visión medica que ponía elénfasis en lo individual a una concepción social y comunitaria, había sido un camino pleno de dificultades donde la responsabilidad de superar los obstáculos puestos por la misma sociedad seguía recayendo esencialmente en el individuo y su familia.

Rompiendo radicalmente con estas concepciones, en el enfoque de Derechos, lo que prima es la afirmación incontrovertible de la dignidad inherente al ser humano por el hecho de serlo y la titularidad que todo individuo, tenga o no discapacidad, detenta de unos Derechos fundamentales, cuyo ejercicio y pleno disfrute debe serle garantizado como al resto de sus conciudadanos desde la acción estatal es en condiciones de igualdad, plena inclusión, reconocimiento y aprecio de la diversidad y ausencia de discriminación. Esto conlleva de forma implícita que losrequerimientos de las personas con discapacidad deben tomarse en cuenta explícitamente en la planeación de la acción del Estado en sus diversos niveles tanto locales como regionales o nacionales.

En el modelo basado en el enfoque de derechos y la plena inclusión que los Estados que han ratificado la Convención – entre ellos la práctica totalidad de los que integran América Latina – se han comprometido a desarrollar en sus países, las personas con discapacidad deben tener acceso a los mismos servicios que sus conciudadanos sin permitir discriminación alguna. Estos servicios deberán fortalecerse o modificarse tomando en cuenta las necesidades específicas manifestadas por la población con discapacidad, que deberán atenderse con respeto y atención a la diversidad que representan pero nunca utilizadas como excusa para ofertar servicios que los segreguen o excluyan, soslayando y diluyendo así el objetivo principal a lograr que es, indudablemente, la inclusión plena en condiciones de igualdad.

En este proceso de profundas transformaciones, las políticas públicas son una herramienta esencial pues contienen en sí mismas, la priorización de los problemas y objetivos comunitarios a la par que hacen explicitas las rutas y medidas que diseña y pone en ejecución una sociedad para promover, garantizar, defender, revindicar o restituir los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todas o de un grupo de las personas que la componen.

A propósito de la formulación de políticas públicas en materia de discapacidad, el enfoque de derechos debe entenderse como una nueva perspectiva para concebir y diseñar políticas públicas que trasciendan la conceptualización del actuar estatal orientado, en la óptica tradicional, a proporcionar, esencialmente,   asistencia o protección, redirigiéndola hacia la adopción de políticas de desarrollo humano que propicien la garantía del derecho, la participación, el empoderamiento, y la plena inclusión en condiciones de igualdad, equiparación y ausencia de discriminación, dentro de un proceso de concertación entre Estado y sociedad civil.

La pertinencia de una política Pública se corresponde con la identificación de una problemática social y su eventual solución y su viabilidad está directamente relacionada con la construcción de una estrategia razonable para corregir la problemática identificada cambiando la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derechos cuyo real ejercicio debe ser garantizado.

En América Latina los Estados han acogido con responsabilidad y cierta diligencia la labor de dar cumplimiento a los compromisos derivados de la Ratificación de la “Convención Onu sobre los derechos de las personas con discapacidad” y de forma paulatina han venido trabajando de la mano con las asociaciones y organizaciones de personas con discapacidad en la realización de ajustes a sus marcos jurídicos en materia de discapacidad para volverlos coherentes con los principios y enfoques contenidos en el Tratado de Naciones Unidas.

El tema de las políticas públicas va desarrollándose de forma más confusa y bajo este rotulo se abarca, en el momento actual, una gran pluralidad de modalidades normativas que llevan su diversidad, igualmente, a los niveles de aplicabilidad y de cobertura exitosa en su propósito de garantizar el ejercicio de los derechos y la inclusión plena de las personas con discapacidad.

Mención especial merece el proceso desarrollado en la República de Honduras que ejemplariza perfectamente las profundas transformaciones ocurridas en la región con relación a los enfoques reinantes en materia de discapacidad. Sus diferentes etapas dejan claramente establecido que es posible corregir el rumbo y pasar de la simple visión asistencialista al enfoque de derechos en corto plazo. Este resultado se alcanza cuando se hace efectivo el principio de corresponsabilidad, se estimula y apoya el empoderamiento de las personas con discapacidad, y desde el sector público y el privado se trabaja unida y coordinadamente alrededor de un solo propósito claramente establecido: lograr las necesarias transformaciones culturales y sociales que permitan remover las barreras de todas clases que obstaculizaban el ejercicio de la plena ciudadanía creando las condiciones necesarias para trasformar su realidad social convirtiéndola en un entorno incluyente y libre de discriminación

En Honduras se han formulado en lo corrido del siglo XXI dos políticas públicas en materia de discapacidad diseñadas en momentos y desde enfoques   diametralmente diferentes en cuanto a la conceptualización de la discapacidad. Esta discronía se evidencia fácilmente no solo en sus orientaciones y contenidos, si no que puede percibirse desde su misma denominación oficial pues mientras la política pública construida en el año 2004 desde la óptica esencialmente médica levemente matizada con elementos del enfoque social, llevaba por título “Política Nacional para la Prevención de la Discapacidad, Atención y Rehabilitación Integral de las Personas con Discapacidad y la Promoción y Protección de sus Derechos “, la política pública promulgada en el año 2013 adoptando como guía primordial el enfoque de derechos carece de elementos referenciales de corte sanitario y se denomina simple y sencillamente “Política pública para el ejercicio de los derechos y la inclusión social de la población de Honduras con discapacidad.”    

Este nuevo proceso de formulación que se inició como una revisión de la política del 2004 liderado desde la DIGEDPDI y la Secretaria de Desarrollo Social a los que se unieron las entidades de la sociedad civil comprometidas con el sector así como otros organismos del ámbito gubernamental, contó con la asistencia técnica del Programa de la Unión Europea Eurosocial.

El documento, construido íntegramente de forma participativa, concertada y conjunta, contiene los ejes esenciales de la gestión estatal en materia de discapacidad y permiten aseverar, desde el inicio de su contenido, que las acciones que en él se proyectan van dirigidas, prioritariamente a lograr la transformación de la sociedad Hondureña, sus imaginarios y estereotipos erróneos en relación con la discapacidad, sus mitos y sus miedos de forma que se convierta en un medio plenamente inclusivo donde las personas con discapacidad puedan, al igual que sus conciudadanos ver garantizado el ejercicio de sus derechos y el goce de sus libertades ciudadanas en condiciones de igualdad, respeto por la diferencia, plena participación y ausencia de discriminación.

La reciente aprobación en este mismo año del “Plan Estratégico” cuyo objetivo principal es   hacer realidad lo planteado en la política pública para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y su Inclusión Social permitirá sin dudas que tanto los organismos gubernamentales como las organizaciones dela sociedad civil organizada y las personas con discapacidad puedan avanzar con seguridad y de manera articulada en la consecución de las metas planteadas para alcanzar el objetivo final en ella plasmado y que no es otro que la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad hondureña.

 

LINKS DE INTERES

http://www.salud.gob.hn/documentos/upeg/taller_de_rutas_criticas_para_la_sostenibilidad_de_politicas_publicas/politica_de_discapacidad.pdf

http://www.sedis.gob.hn/portal/sites/default/files/D.3%20Plan%20Estrategico%20version%20FINAL%20Remitida%20a%20Despacho%20Ministerial_0.pdf

http://www.sre.gob.hn/portada/2015/Junio/17-06-15/Honduras%20comparte%20en%20la%20ONU%20avances%20alcanzados%20en%20favor%20de%20las%20personas%20con%20discapacidad.pdf

Maria Covadonga Fentanes es Abogada. Experta en Derechos humanos e Inclusion social de personas con discapacidad. Ex-Directora Ejecutiva del Grupo Latinoamericano de Rehabilitacion Profesional-GLARP. Consultora en Politicas Publicas y discapacidad en EUROsociAL e Inclusion International".