LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS SOCIALES DE AMÉRICA LATINA. TENSIONES, AVANCES Y DESAFÍOS (Leticia Benedet)

EncuentroFeminista

El presente artículo aborda el proceso de incorporación de la agenda de igualdad de género en las políticas públicas de América Latina, identificando tensiones, resistencias y avances; poniendo especial foco en una nueva política pública a desarrollarse en Uruguay por su potencial para convertirse en una política justa de igualdad de género: el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Finalmente se mencionan algunos desafíos para conservar los avances alcanzados y lograr más.

La agenda de la igualdad de género en las políticas públicas emerge en la década del 90 a partir de la incidencia política del movimiento feminista y de mujeres en los foros mundiales de Naciones Unidas.

Dichos foros fueron el espacio propicio para problematizar las múltiples discriminaciones y desigualdades que sufren las mujeres en los distintos ámbitos de su vida cotidiana incluyendo instituciones como la familia y el Estado; y acordar una estrategia de acción coordinada.

Conscientes de la importancia del rol del Estado en la protección social e inspiradas en la incorporación de nuevas concepciones de género y en el establecimiento de la igualdad entre varones y mujeres como propósito de las políticas públicas acordaron desarrollar la estrategia de institucionalización del enfoque de género o gender mainstreaming[1].

La aplicación de esta nueva estrategia se relaciona con un nuevo marco interpretativo denominado Género en el Desarrollo (GED), que centra la atención no sólo en las relaciones desiguales entre los sexos sino también en las estructuras que generan la desigualdad. Es decir, los cambios en las relaciones de género requieren transformaciones profundas de las estructuras existentes y para ello se propone incorporar el género en el mainstream, esto es, en la corriente principal. El gender mainstreaming tiene por objeto integrar el enfoque de equidad de género no como una problemática aparte sino de forma transversal en todas las políticas, programas, actividades administrativas y financieras e incluso en la cultura institucional, para contribuir verdaderamente a un cambio en la situación de desigualdad de género.

Para ello promovieron la creación de mecanismos especializados en el enfoque de género (ministerios, consejos e Institutos de las Mujeres) quienes tendrían la responsabilidad de liderar dicho proceso

“La singularidad de las agendas de género en la región radicó en haberse anticipado a la crítica al neoliberalismo, demandando un rol activo del Estado que estaba en retirada”. (Guzmán & Montaño: 2012:10).

La incorporación de esta estrategia en el Estado ha generado múltiples tensiones y resistencias entre otras razones, porque:

  • Critica el status quo, planteando que el Estado ha sido productor y reproductor de las múltiples dominaciones y discriminaciones de las sociedades, entre otras, las relaciones de género que producen desigualdad y discriminación hacia las mujeres.
  • Complejiza el análisis de la realidad planteando que no solo existe la injusticia económica sino también aquellas derivadas de las desigualdades de género; ubicándolas en el mismo nivel de relevancia.
  • Pretende articular la dimensión de género con otras dimensiones como las de clase, étnico – raciales, orientación sexual, identidad de género; en un Estado acostumbrado a pensarse desde un modelo ideal de ser humano varón, blanco, heterosexual y de familia ideal (la familia nuclear).
  • Propone el desarrollo de una nueva cultura institucional y por ende tiene un carácter innovador y transformador.
  • Combina la especificidad con la transversalidad y la inter institucionalidad en contraposición con una lógica centralista, sectorial y jerárquica del Estado; proponiendo una nueva forma de pensar, hacer y evaluar políticas públicas.
  • Requiere la elaboración y aplicación de nuevos instrumentos y la formación de funcionarios/as en toda la estructura del Estado para poder desarrollarlos.

A estas tensiones y resistencias se suma también que el 40% de estos mecanismos para la igualdad de género en América Latina no están situados en posiciones jerárquicas de alto nivel tal como recomendaba la Plataforma de Acción de Beijing y por ende no cuentan con los recursos y la autoridad suficiente para acceder a los distintos ámbitos de decisión e influir al conjunto de las políticas públicas[2].

Las agendas de igualdad de género en el Estado proponen un nuevo paradigma donde la desigualdad tiene un origen sistémico cuyas raíces se asientan en distintos niveles: simbólico, normativo, en las prácticas sociales y en las subjetividades individuales.

Desde esta nueva forma de pensar las relaciones humanas se ha visibilizado la segregación de género en el mercado de trabajo, en la educación y la representación política, la violencia basada en género (violencia doméstica, acoso sexual laboral y la trata y tráfico de mujeres y niñas), el valor del trabajo no remunerado de las mujeres en el ámbito doméstico y su contribución al bienestar social, las muertes de mujeres por abortos realizados en condiciones de riesgo, entre otros.

En el presente, luego de avances y retrocesos los Estados han avanzado en la implementación de políticas públicas que se expresan en Planes y políticas de Igualdad, leyes, normas y decretos.

Entre las políticas justas de igualdad de género se destacan[3]:

  • Las políticas para enfrentar la violencia contra las mujeres de Brasil y Uruguay
  • Las políticas de garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de Colombia y Uruguay[4].
  • Las políticas electorales de paridad y alternancia de género de Bolivia y Costa Rica.
  • La política de gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género en México.
  • Las políticas de reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres contenidas en la reforma previsional de Chile.

Estas políticas tienden a la justicia de género y a la autonomía de las mujeres porque reconocen las desigualdades y tratan de revertirlas a través de medidas concretas:

  1. Respuestas integrales para la prevención, atención, erradicación y reparación a las mujeres víctimas de violencia basada en género;
  2. Servicios de salud, procedimientos y métodos para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y su seguimiento;
  • Medida de acción afirmativa hacia la participación política de las mujeres a través del establecimiento de la paridad;
  1. Compensaciones para las mujeres en materia previsional a partir del reconocimiento de la situación de desventaja respecto de los varones por las responsabilidades de crianza y cuidado;
  2. Medidas para visibilizar el gasto público en las distintas instituciones y programas presupuestarios del Estado, asignar y asegurar recursos para las políticas de igualdad de género.

Estas políticas se destacan también porque reconocen nuevos derechos como el derecho a una vida libre de violencia de género y por ende a no sufrir violencia por el hecho de ser mujeres.

En el marco del reconocimiento de nuevos derechos por parte de los Estados de la región, merece también especial atención la creación del Sistema Nacional integrado de Cuidados de Uruguay; ubicado como una de las cinco prioridades del gobierno actual (2015 – 2020)[5].

Su proceso de construcción se inicia con la llegada al gobierno, por primera vez en la historia, del partido político de izquierda Frente Amplio (2005 – 2010) que tuvo dentro de sus prioridades avanzar hacia la promoción y restitución de derechos y transformar la matriz de protección vigente. En este contexto, se creó el Ministerio de Desarrollo Social y se pusieron en funcionamiento un conjunto de iniciativas como la Reforma Tributaria (2007), la Reforma de la Salud (2007), la Reforma Laboral (2008) y se aprobó el Primer Plan Nacional de Igualdad de oportunidades y Derechos entre hombres y mujeres (2007-2011).

El logro de incorporar esta política al Plan de gobierno fue fruto fundamentalmente de la incidencia política de mujeres organizadas y con cargos de representación política que trabajaron intensamente para que, desde un enfoque de corresponsabilidad social, de género y de derechos, los cuidados ingresaran en la agenda política programática (Aguirre & Ferrari: 2014)

Por Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el proyecto de ley de creación plantea el conjunto de acciones públicas y privadas que brindan atención directa a las actividades y necesidades básicas de la vida diaria de las personas que se encuentran en situación de dependencia. Comprende un conjunto articulado de nuevas prestaciones, coordinación, consolidación y expansión de servicios existentes, como asimismo la regulación de las personas que cumplen servicios de cuidados”[6].

En la propuesta de Sistema Nacional de Cuidados se reconoce por primera vez al cuidado como un derecho humano (derecho a dar y recibir cuidados), como objeto de políticas públicas y como una responsabilidad social compartida entre el Estado, el mercado y las familias. Su población objetivo serán las personas en situación de dependencia: niños y niñas hasta 12 años, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas que ejercen tareas de cuidados. El enfoque de género ocupa un lugar central en los fundamentos de esta política.

En el proceso de diseño del Sistema Nacional de Cuidados fue fundamental el rol de organizaciones feministas (sociedad civil y académicas) y del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), órgano rector de las políticas de género, quienes contribuyeron a incorporar el enfoque de género en la construcción de la política de cuidado. La actuación del organismo rector de las políticas de género fue decisiva para la inclusión de las personas que cuidan (en su mayoría mujeres), como sujetos destinatarios de la política.

Desde este enfoque esta futura política tiene toda la potencialidad para avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres a través del reconocimiento del valor de la tarea y la redistribución de las responsabilidades y tiempos dedicados al cuidado.

 

Entre los posibles impactos de esta política para avanzar en la igualdad de género se destacan:

  1. Su contribución a la transformación de la división sexual del trabajo al reconocer el valor de este trabajo y la corresponsabilidad entre varones y mujeres de las tareas, responsabilidades y tiempos dedicados al
  2. La posibilidad de una mayor libertad y autonomía para las mujeres que realizan tareas de cuidados al compartir dicha responsabilidad entre el Estado y el mercado; avanzando hacia un escenario de corresponsabilidad social y de des-familiarización de los cuidados.
  • Un mayor incentivo a las mujeres para insertarse al mercado laboral y/o al estudio al tener asegurado el cuidado de las personas a cargo.
  1. La mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras del cuidado al garantizar sus derechos.

A modo de cierre

No caben dudas que la región de América Latina ha logrado avances en políticas sociales para la igualdad de género en las últimas décadas. Pero también es claro, que estos logros que implican reconocimiento de nuevos derechos históricamente reclamados por el movimiento feminista, pueden perderse ya que este enfoque sigue siendo resistido por distintos sectores de la sociedad, muchos de ellos con poder de veto, que se niegan a la distribución de poder y de los beneficios en igualdad de condiciones para las mujeres. Mantener estos logros dependerá de la capacidad del movimiento de mujeres y feminista de mantenerse cohesionado, alerta, con capacidad para establecer alianzas con múltiples actores y generar insumos metodológicos y técnicos para el diseño de la política y su posterior seguimiento y evaluación.

[1] Para conocer más sobre esta estrategia se recomienda leer la Plataforma de Acción Mundial aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995). http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf

[2] Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL – http://www.cepal.org/oig/

[3] Para profundizar en este concepto y en cada una de las políticas mencionadas se recomienda leer Benavente & Valdés (2014): Políticas públicas para la igualdad de género. Un aporte a la autonomía de las mujeres. CEPAL, Chile. http://www.cepal.org/es/publicaciones

[4] Este último es una consideración de la autora.

[5] Para profundizar en el proceso de construcción del SNC se recomienda leer Aguirre & Ferrari (2014): La construcción del sistema de cuidados en el Uruguay. En busca de consensos para una protección social más igualitaria – CEPAL, Chile. http://www.cepal.org/es/publicaciones

[6] El proyecto de ley de creación del SNC está en la actualidad en consideración del parlamento contando con media sanción en el Senado.

Leticia Benedet

Leticia Benedet

 

 

 

 

 

 

 

Licenciada en Psicología (UdelaR, Uruguay) y Magister en Género y Políticas Públicas (FLACSO, Argentina). Trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay desde el año 2005. Desde el año 2012 se desempeña como asesora en temas de Cooperación internacional e integró el equipo de Dirección del Instituto Nacional de las Mujeres durante el primer quinquenio de gobierno del Frente Amplio (2005 – 2009). Integra el equipo docente del Diplomado Superior en Género y Políticas de Igualdad de FLACSO Uruguay e integró la Cátedra Libre en salud reproductiva, sexualidad y género de la Facultad de Psicología – Universidad de la República del Uruguay (2003 – 2007).