SOLIDARIDAD DE RESPONSABILIDADES (Lluís Francesc Peris Cancio)

SOLIDARIDAD DE RESPONSABILIDADES (Lluís Francesc Peris Cancio)

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Así como la medicina no inventa la salud, sino que la potencia, tampoco las políticas sociales generan la solidaridad, sino que la reconocen. Sostener la persona vulnerable y creer en el destino común de las comunidades y los pueblos no es una realidad que nace con las  buenas leyes, sino un elemento constitutivo de la vida.

Nunca como en los dos últimos siglos la tendencia al bien común ha sido atacada con más violencia: la propagación de la ideología liberal se ha afirmado con un mensaje  mercantilista por el cual parecería que cuanto más competimos los unos contra los otros más se progresa. Una falacia que ha exacerbado las desigualdades planetarias y ha depredado el equilibrio natural, sometiendo la persona a la economía y no al contrario. Es así que en muchos de los países llamados “desarrollados” las personas se sienten más ricas y más vulnerables a la vez.

En este contexto el Estado, en mayor o menor medida, ha sido el instrumento de compensación promotor de solidaridad, garante del reconocimiento de los derechos sociales (con una geometría variable) que el mercado no contempla, en particular hacia aquellos colectivos que quedan marginados en cuanto “no productivos”. Esta tensión entre Estado y mercado ha sido el núcleo del debate político durante decenios.

Pero junto con la evidencia de la erosión a la cohesión social que el mercado produce, el siglo XX nos ha dejado otra evidencia: la construcción de la igualdad y de la solidaridad no se puede basar exclusivamente en una política económica planificada. Un sistema que confía sólo en el Estado para la construcción de la solidaridad declina con facilidad en hiperbólicos sistemas burocráticos que acaban por limitar la iniciativa de las personas, estableciendo nuevos mecanismos de estratificación social y sometimiento.

Por ello se impone la necesidad de combinar la garantía de los derechos sociales por parte de un Estado fuerte y soberano (de dimensiones adecuadas) con instrumentos de reconocimiento, incentivación, participación y estímulo de una sociedad civil auto-organizada que conduzcan a un proceso de valorización del concepto de “bien común” o de “interés público”.

Un Estado que quiera articular el reconocimiento de los derechos sociales y estimular una mayor cohesión social, necesita extender su cometido con la implicación de los actores vivos que componen la sociedad, la familia, el sector productivo non profit e incluso la empresa for profit,  implicándolos a todos hacia el bien común. La clave es entender el Estado como un “director de orquesta” y no como el  factótum de la solidaridad.

En el campo de la producción, la promoción de la economía social supone un mecanismo capilar de integración y de solidaridad. El desarrollo económico y social (entendidos como un continuum de realidad inseparable, no como dos categorías paralelas) necesita pluralismo, y la economía social es la manifestación de la inagotable variedad de formas de organización que las personas pueden proponerse.

No existe un tipo ideal de organización en la economía social. Tanto en Europa como en América Latina conviven cooperativas, mutuas, empresas solidarias, asociaciones, fundaciones, etc; todas representan formas de actividad económica que priorizan el valor de las personas que las componen antes que la mera orientación a la ganancia. Se trata de formas que no pertenecen al esquema fundado en la bipolaridad entre Estado y mercado.

El crecimiento continuo de la economía social manifiesta su protagonismo en el desarrollo de las políticas públicas para la cohesión y en la programación y gestión de la intervención social. La consolidación de un welfare mix donde Estado y sociedad civil se desarrollan en una sinergia  virtuosa aparece como el modo más eficaz y eficiente de gestionar los servicios a la persona de la administración pública y de un mercado cada vez más terciario.

Se trata, en definitiva, de promover tanto en América Latina como en Europa una solidaridad de responsabilidades, alimentando una economía social que pueda contribuir a superar la desigualdad social y la concentración de la riqueza desde abajo (en particular en AL) y como estrategia para reducir las consecuencias económicas de la crisis y la desocupación.